El 4 de julio, el presidente Trump promulgó la Ley One Big Beautiful Bill (OBBBA), un gran proyecto de ley de reconciliación presupuestaria. El Senado y la Cámara de Representantes aprobaron por un estrecho margen esta versión. HR 1 el 1 y el 3 de julio, respectivamente.
La OBBBA realiza cambios radicales en todo el sistema de inmigración de EE. UU. en materia de aplicación de leyes, autorización de trabajo, tarifas y acceso a servicios como Medicaid y SNAP.
¿Qué son las tarifas de inmigración?
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, una agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), históricamente ha cobrado tarifas para cubrir los costos de las diferentes solicitudes y servicios que ofrece. Esto incluye solicitudes de naturalización, tarjetas de residencia permanente (Green Card), visas de trabajo y documentos de autorización de empleo. Cuando se requieren servicios biométricos, como la toma de huellas dactilares, las tarifas pueden ser más altas.
¿Cómo afecta la OBBBA a las tarifas de inmigración?
En virtud del Título X – Comité Judicial, Subtítulo A — Asuntos de Inmigración y Aplicación de la Ley, Parte I — Tarifas de Inmigración (páginas 293-315), la OBBBA añade nuevas tarifas y aumenta drásticamente las existentes. En particular, la OBBBA impone nuevas tarifas para el acceso a las protecciones humanitarias.
Nuevas tarifas
• Una tarifa mínima e irrenunciable de solicitud de asilo de $100 y una tarifa adicional de $100 por cada año que la solicitud de asilo de una persona permanezca pendiente.
• Una tarifa mínima de $250 para el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil.
• Una tarifa mínima de $5,000 para cualquier persona que sea detenida entre los puertos de entrada sin autorización, sin excepciones para las personas que buscan asilo.
Aumento significativo de las tarifas
• Una tarifa mínima no renunciable de $550 para la primera solicitud de autorización de trabajo de una persona basada en una solicitud de asilo pendiente, libertad condicional o Estatus de Protección Temporal (TPS); una tarifa mínima no renunciable de $275 para solicitudes de renovación.
• Una tarifa mínima irrenunciable de $1,000 para quienes ingresen a Estados Unidos con un permiso de viaje, con algunas excepciones para situaciones humanitarias extremas. Actualmente, la tarifa es de $630.
• Una tarifa mínima irrenunciable de $500 para el TPS. Actualmente, la tarifa es de $50.
• Una tarifa mínima e irrenunciable de $250 para cualquier persona a la que se le emita una visa de no inmigrante, que es reembolsable si la persona puede demostrar que cumplió con las condiciones de la visa y no intentó extender su estadía.
Aumento significativo de las tasas de tramitación judicial
• Una tarifa de $1,500 para la solicitud de residencia permanente legal. Actualmente, la tarifa es de $1,140.
• Una tarifa de $1,050 por una solicitud de exención de motivos de inadmisibilidad.
• Una tarifa de $500 para presentar una solicitud de TPS ante un tribunal de inmigración (aparte de la tarifa de $500 para el TPS mencionada anteriormente). • Una tarifa de $900 para apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración o para apelar una decisión del DHS. Actualmente, la tarifa es de $110.
• Una tarifa de $900 para intentar reabrir o reconsiderar la decisión de un juez de inmigración anterior, con una excepción si la moción se basa en una notificación indebida.
• Se cobra una tarifa de $600 para residentes permanentes legales y de $1,500 para residentes permanentes no legales para solicitar la cancelación de la deportación. Actualmente, la tarifa es de $130.
• Una tarifa de $5,000 si un juez de inmigración ordena la deportación cuando una persona no se presenta ante el tribunal.
¿Cuando entran en vigor estas tarifas?
Se prevé que estas tarifas de inmigración entren en vigor de inmediato. Sin embargo, agencias relevantes como el DHS y el Departamento de Justicia (DOJ) aún no han actualizado sus directrices públicas, sus tarifas ni sus sistemas de pago.
Impactos de los cambios
Por primera vez en la historia de Estados Unidos, el acceso a la protección humanitaria y al debido proceso legal tendrá un precio inasequible para muchos. Las tarifas son mínimas, lo que significa que el DHS y el DOJ podrían cobrar más de lo estipulado en el proyecto de ley. Además, la OBBBA elimina las exenciones para muchas de estas tarifas, haciéndolas obligatorias incluso para quienes anteriormente habrían sido elegibles para ellas.
En última instancia, los cambios en las tarifas de la OBBBA harán que la protección humanitaria sea inasequible para quienes más la necesitan.
